Esta mañana, en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en conferencia de prensa encabezada por el presidente estatal Javier Luévano Núñez, la secretaria general Paloma Amézquita y los diputados federales Paulo Martínez, Mónica Becerra y Liz Martínez presentaron temas sobre la situación nacional y la agenda interna del partido.
Javier Luévano abrió el diálogo subrayando que México atraviesa momentos decisivos frente a la agenda del gobierno federal que —afirmó— continúa debilitando instituciones, dividiendo a la sociedad y descalificando a quienes piensan distinto. Señaló que las recientes manifestaciones en diversas ciudades del país reflejan un hartazgo legítimo ante la violencia, la falta de resultados y el trato confrontativo desde el oficialismo. Aseguró que Acción Nacional rechaza cualquier intento de reprimir la libertad de expresión y defenderá siempre el derecho de la ciudadanía a alzar la voz.
El presidente estatal explicó que el PAN en Aguascalientes avanza con una agenda activa derivada del relanzamiento nacional, la instalación de nuevas dirigencias, la preparación del trabajo político rumbo al 2026 y la apertura del partido hacia la sociedad, lo cual ha generado una dinámica sostenida de actividad y presencia territorial. Añadió que el próximo 29 de noviembre se realizará la Asamblea Nacional Extraordinaria y que Aguascalientes participará con cerca de 200 delegados, quienes ya analizan el anteproyecto de reforma estatutaria. Destacó que este proceso incluye mecanismos para facilitar la militancia, incorporar candidaturas ciudadanas y equilibrar la participación interna entre militantes, sociedad civil y encuestas, además de fortalecer la presencia de mujeres y jóvenes.
Posteriormente, Luévano abordó el denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, calificándolo como una “tomada de pelo” para la ciudadanía. Explicó que el gobierno federal lo presentó como un gran esfuerzo extraordinario, pero —dijo— no contiene metas, no establece plazos, carece de mecanismos de seguimiento y no contempla recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Afirmó que se anunció una bolsa de 57 mil millones de pesos que, en realidad, no representa inversión nueva, sino la suma de programas ya existentes presentada como si fuera un recurso extraordinario. Consideró especialmente grave que esta simulación se dé en un estado que enfrenta una crisis de violencia, con alcaldes asesinados y un deterioro constante de seguridad, mientras el Gobierno Federal insiste en minimizar la situación. “Esa es la realidad donde nos tiene el llamado cártel de Morena”, señaló.
Tras la intervención del presidente, Paloma Amézquita, secretaria general del partido, destacó que este próximo domingo se realizará la entrega anual de reconocimientos por años de militancia, donde se distinguirá a más de 500 panistas con trayectorias de 20, 25, 30, 35 años y más. Resaltó que el partido cuenta con militantes que hoy suman más de seis décadas de servicio, ejemplo de constancia y compromiso democrático. Además, recordó la relevancia de la Asamblea Nacional Extraordinaria del 29 de noviembre, en la cual se discutirá la reforma de estatutos para fortalecer la vida institucional del partido y consolidar su rumbo hacia los próximos años.
En su participación, el diputado federal Paulo Martínez advirtió sobre los riesgos de la iniciativa en materia hídrica enviada recientemente por el Ejecutivo. Señaló que la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales eliminan los títulos de concesión y los sustituyen por permisos anuales sujetos a control político, lo que dejaría sin certeza a los productores del campo. Agregó que la reforma no contempla incentivos ni apoyo para tecnificación, reuso o eficiencia del agua, mientras que obliga a instituciones públicas y privadas a instalar sistemas de captación sin brindar recursos para ello. Afirmó que estas medidas pueden derivar en una crisis alimentaria y afectar directamente a municipios y estados, que enfrentarán una supervisión más estricta por parte de CONAGUA.
La diputada federal Mónica Becerra complementó el análisis explicando que la nueva legislación en materia de agua plantea cinco objetivos generales —garantizar el derecho humano al agua, reforzar la rectoría del Estado, establecer un modelo sustentable, ampliar la participación social y revisar el régimen de concesiones—, pero advirtió que su implementación puede generar afectaciones severas para el campo debido a la ausencia de estrategias técnicas y apoyos reales. Consideró que limitar el acceso al agua sin un modelo de transición adecuado tendrá efectos económicos importantes para miles de familias.
Finalmente, en su intervención la diputada federal Liz Martínez expuso los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes ante recortes presupuestales que impactan áreas esenciales como la salud pública y los hospitales, mientras algunos programas sociales crecen de manera desproporcionada. Señaló que desde la Comisión de Derechos de la Niñez se realizaron 20 foros de parlamento abierto para escuchar a organizaciones civiles, y que los incrementos presupuestales no compensan la inflación ni se reflejan en mejoras reales.
Destacó su reciente designación como coordinadora nacional de personas con discapacidad y anunció que, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre, se realizarán conversatorios y actividades en Aguascalientes y en la Ciudad de México.
Los dirigentes y legisladores reiteraron su compromiso de seguir defendiendo las instituciones, las libertades y los sectores productivos, manteniendo una postura firme ante decisiones gubernamentales que afectan a miles de familias mexicanas.
