En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y tras la propuesta presentada por el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, las y los titulares de las fiscalías y procuradurías del país acordaron fortalecer el dictamen de la Ley General en Materia de Extorsión, con el objetivo de consolidar un marco jurídico más robusto, homogéneo y eficaz para combatir este delito en todo el territorio nacional.
El titular de la institución, señaló que la propuesta contempla remitir las observaciones y aportaciones a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el fin de que el dictamen final incorpore reglas procesales y fundamentales que permitan una mejor coordinación institucional, así como una respuesta más ágil y efectiva frente a las diversas modalidades de extorsión que afectan a la ciudadanía.
Durante la sesión, se enfatizó la importancia de fortalecer la coordinación y colaboración con las autoridades federales para la prevención, investigación y persecución de los delitos de extorsión, conforme a las competencias que se establezcan en la nueva legislación.
El acuerdo alcanzado busca garantizar que las instituciones de procuración de justicia actúen de manera conjunta y estratégica frente a este fenómeno delictivo, impulsando políticas públicas integrales y mecanismos operativos que favorezcan el intercambio de información, la inteligencia criminal y la atención oportuna a las víctimas.
Agregó que uno de los ejes fundamentales del acuerdo es el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, con el propósito de generar confianza en la ciudadanía y demostrar que no existe impunidad en los delitos de extorsión.
Las y los fiscales coincidieron en que fomentar la denuncia ciudadana es esencial para visibilizar y atacar de raíz las distintas formas en que opera este delito, ya sea a través de llamadas telefónicas, amenazas de grupos delictivos o mecanismos de préstamos abusivos, como el conocido “gota a gota”.
Alonso García señaló que el impacto positivo de estas acciones radica en enviar un mensaje claro: las instituciones del Estado están comprometidas con la protección de la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las personas, reforzando la confianza en las instancias de procuración de justicia.
Como parte del acuerdo, se anunció que por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se llevará a cabo un censo nacional de las Unidades Especiales de Combate al Secuestro (UECS), con el propósito de conocer su estado actual de operación, necesidades y capacidades institucionales.
Derivado de este diagnóstico, se impulsará un proceso de fortalecimiento integral de las UECS, que incluirá la profesionalización continua de sus agentes, la mejora en las condiciones laborales y salariales, así como el equipamiento tecnológico y operativo necesario para incrementar la eficacia en sus acciones.
Estas medidas permitirán optimizar los resultados en la persecución del delito de extorsión y consolidar una red nacional de unidades especializadas con altos estándares de desempeño, ética y compromiso con la legalidad.
El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, subrayó que estas acciones representan un combate frontal a la extorsión en todas sus modalidades, incluyendo la extorsión telefónica, la cometida por grupos delictivos, y aquellas derivadas de esquemas financieros irregulares.
Asimismo, puntualizó que el fortalecimiento del marco normativo y operativo permitirá atacar la obtención de recursos de procedencia ilícita, afectando directamente las finanzas del crimen organizado y reduciendo su capacidad de operación.
Con estas acciones, las instituciones de procuración de justicia del país reafirman su compromiso con la legalidad, la seguridad ciudadana y la coordinación interinstitucional, avanzando hacia un modelo más eficiente y transparente en la lucha contra la extorsión.
En su intervención, el representante del Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, German Adolfo Castillo, reconoció las acciones conjuntas que se llevaron a cabo en Aguascalientes y que permitieron la detención de Armando "N", alias "El Charro", líder regional de un grupo delictivo.
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